En la hermosa región de Quintana Roo, México, la empresa estadounidense Vulcan Materials está dejando una huella devastadora en el ecosistema local. A través de su filial Calizas Industriales del Carmen (Calica, ahora conocida como Sac-Tun), la compañía ha causado estragos en más de 2,400 hectáreas de tierras, incluyendo deforestación, pérdida de manglares, muerte de especies en peligro de extinción y alteraciones en los ríos subterráneos y cenotes.
Calica, establecida en 1986, se dedicó a la extracción y exportación de roca caliza y agregados pétreos como piedra triturada, arena y grava. Lamentablemente, la explotación industrial se llevó a cabo por debajo del manto freático, lo que provocó una serie de impactos ambientales graves y, en algunos casos, irreversibles.
De acuerdo con la doctora Cecilia Elizondo, especialista en conservación del patrimonio paisajístico del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la recuperación de los daños ambientales dependerá de la gravedad de los mismos. La científica ha descrito una cadena sistemática de impactos, comenzando con la remoción de materiales para la extracción de piedra caliza. Esta actividad afectó gravemente los ríos subterráneos, que están conectados con áreas marinas y sirven como refugio y zona de desove para especies importantes.
La negligencia de gobiernos pasados contribuyó a esta catástrofe ecológica al permitir que empresas privadas explotaran estas áreas sin garantizar la protección ambiental adecuada. La doctora Elizondo critica duramente esta práctica, iniciada durante el mandato del expresidente Ernesto Zedillo, cuando Julia Carabias era secretaria del Medio Ambiente y autorizó la explotación de la mina Calica.
Lamentablemente, el material extraído se exportaba principalmente a Estados Unidos, privando a México de su propio suelo y recursos. La doctora Elizondo resalta el hecho de que, al tratarse de una empresa privada extranjera, se pierde el dominio territorial, lo que dificulta el acceso y la protección de estas áreas.
La destrucción sistemática de Calica también ha tenido consecuencias en la red de cuevas y cenotes típicos de Quintana Roo. Algunos de estos sitios naturales han desaparecido por completo debido a las actividades mineras.
A pesar de los terribles daños causados, las autoridades no intervinieron hasta que Profepa clausuró parcialmente las actividades en enero de 2018. En 2019, Calica decidió cambiar su imagen y nombre, transformándose en Sac-Tun y prometiendo “un compromiso renovado con el medio ambiente y el desarrollo de Quintana Roo”.
Un diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) e Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) reveló que la selva destruida podría tardar hasta 300 años en recuperarse, siempre y cuando se lleve a cabo una reforestación intensa. Desafortunadamente, otros daños son irreversibles, como la devastación geológica y la contaminación de flujos subterráneos y suelos.
En resumen, el caso de Calica en Quintana Roo es un triste ejemplo de la negligencia y explotación desmedida por parte de empresas extranjeras, con el consentimiento de gobiernos irresponsables. El actual gobierno mexicano, encabezado por Andres Manuel Lopez Obrador, ha sido el primero en enfrentar esta problemática, inicialmente tratando de negociar con la empresa y ahora continuando con las acciones legales correspondientes.
